La adquisición y posterior arrendamiento de una Vivienda de protección oficial (VPO) por parte de Sagrario Martín, esposa del alcalde de Alicante, Luis Barcala, ha reavivado el debate público en la ciudad sobre el uso de este tipo de inmuebles protegidos y los Requisitos legales que rigen su compra y explotación en régimen de alquiler.
Según la documentación consultada por esta redacción, la vivienda fue adquirida en 2006 mediante subrogación hipotecaria y forma parte de una promoción calificada expresamente para arrendamiento. La cuestión ha generado controversia política y social, especialmente por tratarse del entorno familiar del actual primer edil alicantino y por el contexto de sensibilidad pública en torno a la vivienda protegida.
En este artículo analizamos los hechos, el marco normativo aplicable, la respuesta del alcalde y los testimonios recabados en exclusiva por dsalicante.com.
Un piso VPO adquirido en 2006 y destinado al alquiler
La vivienda en cuestión pertenece a la promoción “Los Lirios”, en Alicante, impulsada en el marco del plan parcial de Benisaudet. Se trata de un inmueble de aproximadamente 90 metros cuadrados, integrado en un edificio con zonas comunes y piscina.
Sagrario Martín formalizó la compra en 2006 a través de la subrogación de un préstamo hipotecario de 68.489,73 euros con Caja Madrid, con vencimiento en julio de 2016. En ese momento ya estaba casada con Luis Barcala y ambos ejercían la abogacía en un despacho compartido.
Características principales de la vivienda
Vivienda de Protección Oficial (VPO).
Calificada para arrendamiento.
Integrada en promoción con zonas comunes.
Ubicada en Alicante, en el entorno de Benisaudet.
Actualmente arrendada a una inquilina.
De acuerdo con la información registral, la finca fue calificada como vivienda protegida para alquiler, lo que implica el compromiso del titular de destinarla al arrendamiento durante el plazo fijado en la calificación definitiva.
Marco Legal: qué dice la normativa sobre las VPO para alquiler
La promoción se rige por el Decreto 92/2002 del Gobierno Valenciano, relativo a actuaciones protegidas en materia de vivienda y suelo en el periodo 2002-2005, así como por el Real Decreto 1/2002.
Puntos clave de la normativa aplicable
Las viviendas pueden destinarse a uso propio o a arrendamiento.
Si están calificadas para alquiler, deben respetarse los precios máximos fijados por la administración.
El compromiso principal del titular es mantener el régimen de arrendamiento durante el periodo establecido.
Los requisitos de ingresos se exigen al arrendatario que ocupa la vivienda, no necesariamente al comprador si la promoción está destinada al alquiler.
El artículo 10 del Real Decreto 1/2002 establece que las viviendas protegidas deben destinarse a residencia habitual y permanente del propietario o del inquilino, según el régimen aplicable.
En este caso concreto, la calificación definitiva del edificio, otorgada en 2005 por la Conselleria competente en materia de vivienda, especifica que determinadas viviendas del inmueble —entre ellas la adquirida por Martín— estaban destinadas exclusivamente al arrendamiento.
La respuesta del alcalde Luis Barcala
Ante las preguntas formuladas por distintos medios, el alcalde de Alicante ha defendido la legalidad de la operación.
Según su versión:
La vivienda fue adquirida dentro de una promoción en la que 12 inmuebles estaban destinados al alquiler.
El comprador no estaba obligado a destinarla a uso propio.
La obligación legal era mantener el régimen de arrendamiento y respetar el precio máximo autorizado.
Los contratos suscritos se habrían situado incluso por debajo del límite oficial permitido.
Barcala ha insistido en que no se trata de un alquiler con opción a compra, sino de una vivienda calificada específicamente para arrendamiento desde su origen, y que la autorización administrativa de venta ya contemplaba esta modalidad.
Contexto político y sensibilidad social en Alicante
La polémica surge en un momento de especial atención pública sobre la gestión de vivienda protegida en la ciudad, especialmente tras las controversias relacionadas con adjudicaciones en otras promociones.
La vivienda objeto de debate se encuentra a pocos kilómetros de la urbanización Les Naus, foco de investigación judicial por presuntas irregularidades en adjudicaciones de VPO que afectan a cargos públicos y funcionarios.
Aunque no existe vinculación directa entre ambos casos, el contexto ha incrementado la repercusión mediática y política del asunto.
Testimonios en exclusiva para DSAlicante.com
DSAlicante.com ha recogido diferentes opiniones ciudadanas sobre el caso, reflejando la pluralidad de posturas existentes en Alicante.
María G., vecina del barrio (anónimo): “La gente está muy sensible con el tema de la vivienda. Aunque sea legal, cuando se trata de cargos públicos todo se mira con lupa”.
José Martínez, joven demandante de vivienda protegida: “Lo importante es saber si se ha cumplido la ley. Si era para alquiler y se ha alquilado respetando el precio máximo, jurídicamente no hay problema. Pero políticamente puede generar debate”.
Carmen R., madre monoparental (anónimo): “Las VPO nacieron para ayudar a quienes no pueden acceder al Mercado libre. Lo que pedimos es transparencia total”.
Estos testimonios reflejan que, más allá del plano estrictamente jurídico, existe un componente ético y político que alimenta el debate público.
Claves para entender el debate sobre las VPO
Para comprender el alcance de la controversia, es importante tener en cuenta varios factores:
No todas las VPO están destinadas a uso propio del comprador.
Algunas promociones incluyen viviendas calificadas expresamente para alquiler.
El régimen jurídico depende de la calificación definitiva otorgada por la administración.
La legalidad no siempre coincide con la percepción pública.
En este caso, la discusión gira en torno a si la adquisición y arrendamiento cumplen escrupulosamente con el marco normativo y si, además, resultan socialmente oportunos tratándose del entorno familiar de un cargo público.
Preguntas y respuestas sobre la VPO en Alicante
¿Puede un particular comprar una VPO destinada al alquiler?
Sí, siempre que la promoción esté calificada para ese régimen y se respeten las condiciones impuestas por la administración.
¿Está obligado el comprador a vivir en la vivienda?
Depende del tipo de calificación. Si es para uso propio, sí. Si es para arrendamiento, no.
¿Quién debe cumplir los requisitos de ingresos?
En promociones destinadas al alquiler, los requisitos suelen aplicarse al arrendatario que ocupa la vivienda.
¿Puede el propietario fijar libremente el precio?
No. Debe ajustarse al máximo establecido por la normativa vigente.
Transparencia, legalidad y percepción pública
El caso vuelve a situar el foco en la necesidad de transparencia en materia de vivienda protegida, especialmente cuando afecta a responsables públicos o a su entorno más cercano.
Desde el punto de vista estrictamente normativo, la clave reside en la calificación original de la promoción y en el cumplimiento de las condiciones de arrendamiento. Desde el punto de vista político y social, el debate se centra en la ejemplaridad y la sensibilidad hacia el acceso a la vivienda en un contexto de creciente dificultad para muchos ciudadanos.
La polémica, por tanto, no solo es jurídica, sino también ética y social, en una ciudad donde el acceso a la vivienda sigue siendo una de las principales preocupaciones ciudadanas.
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