La urbanización de Vivienda protegida Les Naus, en Alicante, vuelve a situarse en el centro del debate público tras el inicio de una serie de inspecciones policiales que están sacando a la luz situaciones controvertidas: Pisos sin ocupar, posibles alquileres no autorizados y convivencias que no se ajustan a lo declarado en el proceso de adjudicación.
Desde la tarde del martes, cuatro patrullas de las unidades de Disciplina Urbanística y Barrios de la Policía Local de Alicante han recorrido las 140 viviendas que integran esta promoción de Vivienda Pública Protegida (VPP), la primera ejecutada en la ciudad en más de veinte años. La actuación, impulsada a instancias de la Conselleria de Vivienda, tiene como objetivo verificar que los adjudicatarios cumplen con los Requisitos legales: ocupación efectiva como residencia habitual, identidad de los convivientes y ausencia de arrendamientos no permitidos.
La intervención llega en un contexto especialmente delicado, tras las polémicas adjudicaciones destapadas semanas atrás y que ya han derivado en dimisiones políticas y renuncias de adjudicatarios.
Inspecciones puerta a puerta: qué están comprobando los agentes
La revisión está siendo exhaustiva pero, según fuentes municipales, ajustada al protocolo. Los agentes solicitan la identificación mediante DNI de las personas presentes en cada vivienda, preguntan cuántos miembros componen la unidad de convivencia y anotan los casos en los que el piso permanece vacío o está ocupado por alguien distinto al titular.
El alcalde de Alicante, Luis Barcala, ha calificado el proceso como una “inspección exhaustiva” destinada a garantizar el cumplimiento de la normativa de vivienda protegida.
Entre los principales aspectos que se están revisando destacan:
🏠 Ocupación efectiva del inmueble como residencia habitual.
👥 Correspondencia entre los convivientes reales y los declarados en el expediente.
📑 Empadronamiento en la vivienda adjudicada.
🚫 Ausencia de alquileres no autorizados.
Las viviendas protegidas están destinadas a primera residencia y sujetas a un régimen especial que limita tanto su uso como su posible cesión o arrendamiento.
Viviendas vacías y “unidades de convivencia” bajo sospecha
Uno de los puntos más sensibles detectados durante las inspecciones es la existencia de viviendas que, pese a haber sido entregadas hace meses, siguen sin estar ocupadas. El plazo habitual para establecer la residencia efectiva ronda los seis meses desde la entrega de llaves.
Además, se han detectado situaciones en las que la realidad convivencial no coincide con lo declarado inicialmente. En algunos casos, la figura de la “unidad de convivencia” —clave para la adjudicación, ya que determina la puntuación en función de ingresos y patrimonio— se habría modificado tras la concesión del piso.
Fuentes vecinales describen un ambiente de nerviosismo durante las inspecciones. Algunos residentes admiten que determinadas exparejas o personas que no figuran oficialmente en el expediente se encontraban en el interior de las viviendas en el momento de la visita policial.
“Fue una situación incómoda, porque todo el mundo sabía que estaban comprobando quién vivía realmente en cada casa. Hay casos en los que la separación fue solo sobre el papel”, explica María G. (nombre ficticio), vecina del residencial, en declaraciones exclusivas a dsalicante.com.
“Nos sentimos señalados aunque no tengamos nada que ocultar. Entendemos que haya que controlar, pero el clima es de desconfianza total”, añade Antonio R., adjudicatario desde el verano pasado.
Alquileres no permitidos y excepciones bajo la lupa
Uno de los hallazgos más relevantes ha sido la detección de al menos un caso en el que la vivienda estaría ocupada por personas distintas al titular sin autorización expresa para el arrendamiento.
En el régimen de vivienda protegida, el alquiler no está permitido salvo que exista una autorización específica y que el arrendamiento cumpla estrictamente los requisitos de precio tasado y perfil del inquilino.
Algunos adjudicatarios habían solicitado la excepcionalidad de no habitar temporalmente la vivienda por motivos laborales, académicos o de cuidado familiar. Sin embargo, según fuentes de la Conselleria, no constaría autorización para arrendar en determinados casos.
Desde el departamento autonómico recuerdan que:
La vivienda debe destinarse a residencia habitual y permanente.
Cualquier cesión o alquiler requiere autorización previa y expresa.
El precio del alquiler debe respetar el régimen tasado de VPP.
El perfil del inquilino debe cumplir los mismos requisitos socioeconómicos que los adjudicatarios.
El trasfondo judicial y político
La promoción de Les Naus ya estaba bajo el foco mediático tras conocerse que una jueza investiga posibles irregularidades en el proceso de adjudicación. Este contexto ha intensificado la presión institucional para esclarecer cualquier incumplimiento posterior.
Según fuentes de Vivienda, una vez el Ayuntamiento remita el resultado completo de la inspección, se cruzarán los datos con el listado oficial de adjudicatarios y con el padrón municipal. Aquellos casos que no se ajusten a la normativa podrían derivar en:
📂 Apertura de expediente administrativo.
⚖️ Posible revocación de la adjudicación.
🏛️ Traslado a la vía judicial si se aprecian irregularidades graves.
Testimonios exclusivos para DSAlicante.com
La tensión es palpable entre los vecinos. Algunos defienden la necesidad de transparencia; otros denuncian un clima de sospecha generalizada.
“Si alguien no cumple, que asuma las consecuencias. Pero también pedimos respeto para quienes sí vivimos aquí y pagamos nuestra hipoteca con esfuerzo”, afirma Laura M., madre soltera adjudicataria.
“Hay mucha rumorología. Es cierto que algunos pisos estaban vacíos, pero también hay personas que estaban terminando obras o gestionando traslados laborales”, sostiene Javier P., residente del bloque 3.
“Lo peor es la sensación de estar vigilados constantemente. Entendemos que es vivienda pública, pero somos familias normales”, señala Anónimo, que prefiere no revelar su identidad.
Preguntas y respuestas clave sobre el caso Les Naus
¿Qué se está inspeccionando exactamente?
La ocupación efectiva, la identidad de los convivientes y la posible existencia de alquileres no autorizados en viviendas protegidas.
¿Es obligatorio vivir en el piso adjudicado?
Sí. La VPP está destinada a residencia habitual y permanente, salvo excepciones justificadas y autorizadas.
¿Puede perderse la vivienda si se incumple la normativa?
En caso de infracción grave, la administración puede revocar la adjudicación y recuperar el inmueble.
¿Qué ocurre si hay personas viviendo sin figurar como titulares?
Se analiza caso por caso. Si no cumplen los requisitos legales o no existe autorización, podría abrirse expediente.
Un residencial de alto valor simbólico
Les Naus no es una promoción más. Se trata de la primera gran actuación pública en más de dos décadas en Alicante en materia de vivienda protegida. Ubicada en una zona estratégica de la ciudad, su adjudicación generó una elevada expectación social.
La combinación de:
Ubicación privilegiada.
Precio tasado inferior al Mercado.
Escasez de oferta pública.
ha convertido esta promoción en un símbolo del debate sobre el acceso a la vivienda en la ciudad.
La intención de búsqueda de los usuarios que consultan este asunto gira en torno a tres ejes fundamentales: qué está pasando en Les Naus, si existen irregularidades reales y qué consecuencias pueden derivarse para los adjudicatarios.
Conclusión: transparencia frente a sospecha
Las inspecciones en Les Naus marcan un punto de inflexión en la gestión de la vivienda pública en Alicante. La administración busca reforzar el control y garantizar que los recursos públicos cumplan su función social. Mientras tanto, los vecinos viven entre la colaboración institucional y la incomodidad de sentirse observados.
El resultado final dependerá del cruce de datos administrativos y, en su caso, de la actuación judicial. Lo que ya es evidente es que la promoción Les Naus seguirá ocupando titulares en las próximas semanas.
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