La adjudicación de viviendas de protección oficial (VPO) en la zona de la Playa de San Juan ha desencadenado una crisis política sin precedentes recientes en el Ayuntamiento de Alicante. Lo que nació como un proyecto destinado, sobre el papel, a facilitar el acceso a la Vivienda a colectivos con dificultades económicas se ha convertido en un foco de controversia que ya se ha cobrado varias dimisiones y ha abierto un debate de fondo sobre la gestión del suelo público y los mecanismos de control en las promociones de vivienda protegida.
En apenas unos días, las renuncias se han sucedido mientras crece la presión política y social para esclarecer cómo se adjudicaron las 133 viviendas construidas en uno de los enclaves más cotizados del litoral alicantino, en Playa de San Juan, una zona históricamente asociada a promociones privadas de alto nivel adquisitivo.
Una promoción de VPO bajo sospecha
La promoción en cuestión es la primera de vivienda protegida que se levanta en Alicante en los últimos 25 años, un dato que, lejos de reforzar su carácter social, ha aumentado el escrutinio público. La ubicación privilegiada, unida a las características del complejo residencial, ha alimentado las dudas sobre si el objetivo real era atender una necesidad social o, por el contrario, aprovechar suelo público para desarrollar un proyecto de alto standing bajo la etiqueta de VPO.
¿Qué hace diferente a esta promoción?
Entre los elementos que han generado mayor controversia destacan los servicios incluidos en el complejo:
Piscinas comunitarias
Zonas deportivas
Gimnasio
Centro social
Plazas de garaje
Estas prestaciones, habituales en urbanizaciones privadas de lujo, resultan poco comunes en promociones de vivienda protegida y han sido señaladas como uno de los factores que cuestionan la finalidad social del proyecto.
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La polémica se intensificó tras conocerse la dimisión de la directora general de Organización Interna del Ayuntamiento, María Pérez Gitmán. A esta renuncia se sumó posteriormente la de la concejala de Urbanismo, Rocío Gómez, quien figuraba como beneficiaria de una de las viviendas adjudicadas en la promoción.
Estas salidas del equipo de gobierno han sido interpretadas por la oposición como la confirmación de que el proceso de adjudicación presenta, como mínimo, serias deficiencias en términos de transparencia y control.
Un efecto dominó en el Ayuntamiento
Las dimisiones no solo han generado un impacto político inmediato, sino que también han reavivado el debate sobre la responsabilidad última del gobierno municipal en la supervisión de este tipo de proyectos, especialmente cuando se trata de suelo público.
Críticas desde la oposición: falta de transparencia y control
Desde la oposición, el PSOE ha sido especialmente contundente. Su portavoz municipal, Ana Barceló, ha denunciado la supresión de herramientas de control y supervisión en los procesos de adjudicación, así como la ausencia de publicidad en las listas de beneficiarios.
Según los socialistas, esta falta de transparencia habría permitido que personas cercanas al entorno del gobierno municipal accedieran a las viviendas, dejando fuera a ciudadanos que cumplían los Requisitos y necesitaban realmente una vivienda protegida.
Un sistema de adjudicación cuestionado
Uno de los aspectos más criticados es el uso de listas cerradas y la ausencia de convocatorias públicas abiertas, un método que, según la oposición, contradice el espíritu mismo de la vivienda pública.
Principales irregularidades señaladas
| Aspecto del proceso | Críticas detectadas |
|---|---|
| Publicidad | Ausencia de convocatorias abiertas |
| Listas de beneficiarios | Listas cerradas sin control externo |
| Supervisión | Falta de mecanismos de control municipal |
| Ubicación | Suelo público en zona de alto valor |
| Servicios | Prestaciones propias de viviendas de lujo |
El papel del promotor y los pliegos municipales
El propio promotor de la obra ha reconocido que no se dio publicidad al proceso de adjudicación, argumentando que la alta demanda hacía innecesario recurrir a otros canales más allá de contactos directos. Esta afirmación ha generado un intenso debate jurídico y político sobre la validez de este procedimiento en una promoción de vivienda pública.
Responsabilidad compartida
La oposición sostiene que la responsabilidad no recae únicamente en el promotor, sino también en el Ayuntamiento, que elaboró los pliegos de condiciones sin incluir mecanismos claros de control y transparencia. Para los socialistas, esta omisión constituye una responsabilidad política directa del alcalde.
¿Vivienda social o apartamentos de lujo?
Uno de los argumentos más repetidos en el debate público es la contradicción entre el concepto de vivienda protegida y la realidad del complejo construido. La ubicación en primera línea de una de las zonas más demandadas de la ciudad y los servicios incluidos han llevado a algunos sectores a hablar de “apartamentos de lujo camuflados como VPO”.
Este planteamiento ha calado en parte de la Opinión pública, especialmente entre Jóvenes y familias que llevan años esperando una oportunidad real de acceder a una vivienda protegida en Alicante.
La intervención de la Agencia Antifraude
Ante la gravedad de las acusaciones, el PSOE ha anunciado que llevará el caso ante la Agencia Valenciana Antifraude. El objetivo es esclarecer si se ha producido un posible “pelotazo urbanístico” y determinar si hubo irregularidades en la adjudicación de las viviendas.
La investigación, de confirmarse, podría tener consecuencias políticas y administrativas de mayor alcance, más allá de las dimisiones ya producidas.
Testimonios ciudadanos: la indignación de los afectados
La polémica ha generado un fuerte malestar entre ciudadanos que aspiraban a acceder a una VPO y se han sentido excluidos del proceso.
María L., vecina de Alicante:
“Llevo más de diez años inscrita en registros de vivienda protegida y nunca supe que existía esta promoción. Cuando me enteré, ya estaba todo adjudicado.”
José R. (testimonio anónimo):
“Hablan de vivienda social, pero lo que han construido no tiene nada de social. Es una urbanización que no está al alcance de la mayoría.”
Carmen P., madre soltera:
“Me dijeron que no había promociones disponibles y luego veo esto en la Playa de San Juan. Es frustrante.”
Estos testimonios reflejan una sensación generalizada de falta de equidad y de oportunidades reales en el acceso a la vivienda pública.
Preguntas y respuestas clave sobre el escándalo de las VPO
¿Por qué es polémica esta promoción de VPO?
Porque se ha construido en suelo público, en una zona de alto valor, con servicios propios de viviendas de lujo y sin un proceso de adjudicación transparente.
¿Cuántas viviendas están implicadas?
Un total de 133 viviendas de protección oficial.
¿Qué cargos han dimitido hasta ahora?
La directora general de Organización Interna y la concejala de Urbanismo del Ayuntamiento de Alicante.
¿Habrá una investigación oficial?
Sí, la oposición ha anunciado que llevará el caso ante la Agencia Valenciana Antifraude.
¿Puede haber más consecuencias políticas?
Dependerá del resultado de las investigaciones y de si se detectan responsabilidades adicionales.
Un debate que va más allá de Alicante
El caso de las VPO en la Playa de San Juan ha reabierto un debate más amplio sobre el modelo de vivienda pública en España, la gestión del suelo público y la necesidad de reforzar los mecanismos de transparencia y control para evitar situaciones similares en el futuro.
Mientras tanto, la ciudadanía espera respuestas claras y medidas que garanticen que la vivienda protegida cumpla realmente su función social y no se convierta en un privilegio reservado a unos pocos.
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