Alicante da marcha atrás: los macrodepósitos siguen en pie al demostrarse que la empresa respondió a tiempo

Alicante da marcha atrás: los macrodepósitos siguen en pie al demostrarse que la empresa respondió a tiempo
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El Ayuntamiento de Alicante ha dado un giro inesperado en su intento por regular los macrodepósitos en el puerto de la ciudad. En un primer momento, se había anunciado la denegación de la licencia de obras a XC Business 90, la empresa detrás del proyecto, debido a discrepancias en la documentación presentada en relación a los metros de terreno disponibles. Sin embargo, tras recibir alegaciones por parte de la compañía, el Consistorio ha decidido revocar su decisión inicial.

Tras haber solicitado a la empresa la documentación necesaria y no recibir respuesta, el Ayuntamiento había argumentado la denegación de la licencia. No obstante, XC Business 90 presentó sus alegaciones dentro del plazo establecido, lo que llevó al gobierno local a reconsiderar su postura. Según el vicealcalde Manuel Villar, esta rectificación busca analizar de manera más detallada las justificaciones presentadas por la promotora del proyecto antes de tomar una decisión definitiva.

Esta situación, que ha generado cierta controversia en torno a la instalación de los macrodepósitos, refleja la importancia de revisar minuciosamente todos los aspectos involucrados en este tipo de proyectos urbanísticos para garantizar su viabilidad y cumplimiento normativo.

En el último comunicado emitido por el Consistorio, se han revelado detalles sobre un error detectado en la presentación de un proyecto de obra por parte de XC Business. Este incidente ha generado controversia debido a la discrepancia en las superficies mencionadas en el escrito y las reales.

Errores en la presentación del proyecto

Según fuentes oficiales, el error radica en que el proyecto se presentó a nombre de un representante de la empresa en lugar de hacerlo directamente como XC Business. Este desliz ha llevado a una confusión en las cifras presentadas, ya que, mientras el proyecto mencionaba una superficie de 21.500 metros cuadrados, la realidad es que la concesión solo abarca 14.500 metros cuadrados, es decir, 7.000 metros cuadrados menos de lo establecido inicialmente.

Ante esta discrepancia, la Autoridad Portuaria, a solicitud del Ayuntamiento, verificó las cifras y confirmó la diferencia entre las superficies mencionadas en el proyecto y las reales.

Respuesta de las autoridades

Ante la falta de ajuste entre las superficies de concesión y el proyecto de obra presentado, la Concejalía de Urbanismo tomó medidas solicitando a la empresa la presentación de un nuevo proyecto técnico adaptado a la superficie real cedida por el concesionario. Sin embargo, tras 15 días hábiles sin recibir respuesta por parte de la mercantil, el ejecutivo decidió denegar la licencia, poniendo fin a la controversia.

La denegación de la licencia de obra mayor para XC Business 90 en Alicante

Una resolución fugaz ha marcado el camino de XC Business 90 en Alicante. El escrito presentado el último día de mayo parecía pasar desapercibido para el Ayuntamiento, hasta que fue revocado en cuestión de horas. Cristina Cutanda, portavoz del equipo de gobierno de Alicante (PP), ya había adelantado que contaban con diversas herramientas para frenar esta instalación, y la denegación de la licencia de obra mayor era una de ellas.

Detalles de la resolución y sus implicaciones

El decreto inicial que llevó a la denegación de la licencia señalaba que el proyecto de obras presentado no se ajustaba a la superficie cedida a la empresa, como se estipulaba en el contrato de cesión autorizado por la Autoridad Portuaria y en el título concesional. Por lo tanto, la licencia solicitada no podía ser autorizada para una superficie que no contaba con un título que la respaldara.

Esta resolución pone de manifiesto la importancia de cumplir con los Requisitos legales y contractuales en cualquier proyecto de obra mayor. La correcta documentación y el cumplimiento de las normativas vigentes son fundamentales para evitar contratiempos como el experimentado por XC Business 90 en esta ocasión.

Conclusión

Es imprescindible para cualquier empresa o entidad que se embarque en un proyecto de esta envergadura asegurarse de que todos los aspectos legales y administrativos estén en regla antes de proceder con la solicitud de licencias y permisos. El cumplimiento de los requisitos establecidos es la base para el éxito y la viabilidad de cualquier obra o proyecto a gran escala.

Batalla Legal en Alicante: Licencia Ambiental y Permiso de Obras

Un nuevo episodio en el enfrentamiento legal se ha desatado en Alicante, tras la decisión del Ayuntamiento de reconocer, el pasado 10 de marzo, a la empresa la obtención por silencio administrativo positivo de la licencia ambiental para los depósitos, en cumplimiento de una sentencia del TSJ respaldada por el Tribunal Supremo.

La licencia de actividad se otorgó para una superficie de 17.900 metros cuadrados, tal como estaba estipulado en el proyecto presentado. Sin embargo, el proyecto de construcción abarca una parcela de 21.500 metros cuadrados. En este punto, el gobierno local ha decidido utilizar esta discrepancia como argumento para intentar negar el permiso de obras.

A la espera del Tribunal Constitucional

El tema se encuentra actualmente en manos del Tribunal Constitucional (TC). Pocos días después de haber otorgado la licencia ambiental al proyecto de macrodepósitos en el Puerto de Alicante, de manera obligada por mandato judicial, el Ayuntamiento decidió apelar ante el Constitucional la anulación de la sentencia que requería la autorización para la planta de combustible.

En defensa de los derechos municipales: el Ayuntamiento de Alicante presenta recurso ante el Tribunal Constitucional

Protegiendo los intereses de la ciudad

El Ayuntamiento de Alicante ha dado un paso al frente en la defensa de sus derechos al presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional. La acción se dirige no solo contra una sentencia en particular, sino también contra la previa inadmisión de un incidente de nulidad. Se argumenta que se ha vulnerado el Derecho a la tutela judicial efectiva, un principio fundamental reconocido en el artículo 24 de la Constitución Española.

Una lucha por la Justicia

El Ayuntamiento sostiene que se ha pasado por alto la inconstitucionalidad del silencio positivo en la concesión de licencias ambientales. Este aspecto es crucial en un contexto donde la protección del medio ambiente es una prioridad. Como parte de su defensa, se ha solicitado la suspensión de la ejecución de la sentencia mientras se analiza a fondo este recurso de amparo.

Argumentos sólidos

El recurso presentado en marzo ante el Tribunal Constitucional detalla de manera precisa y convincente las razones por las cuales la sentencia en cuestión, emitida por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ, vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva del Ayuntamiento de Alicante. Esta acción legal representa un paso firme en la protección de los intereses municipales y en la lucha por una justicia verdaderamente equitativa.

El Conflicto entre Normativas Ambientales en la Resolución Municipal

El ejecutivo municipal cuestiona una resolución que considera no fundamentada en Derecho, producto de un proceso deductivo arbitrario e irracional. Esto se debe a la aplicación de la normativa ambiental valenciana que establece el silencio positivo en las licencias ambientales, norma declarada inconstitucional por la sentencia 76/2022 del Tribunal Constitucional.

La Sentencia y su Incongruencia

La decisión del Tribunal Constitucional estableció que la ley autonómica entra en conflicto con la normativa nacional, la cual establece el silencio negativo en «actividades que puedan afectar al medio ambiente». Este enfoque fue considerado más acorde con el artículo 45 de la Constitución.

Desde un punto de vista legal, el recurso pendiente de respuesta por parte del Tribunal Constitucional argumenta que la sentencia del Tribunal Superior de Justicia aplicó preceptos que habían sido anulados y eliminados del ordenamiento jurídico por la sentencia del Tribunal Constitucional. Esta situación implicaría una selección arbitraria e irrazonable de la normativa aplicable, sin respetar el sistema de fuentes y, por ende, careciendo de una fundamentación jurídica adecuada.

¿Qué implica la sentencia para el Ayuntamiento y el medio ambiente?

La sentencia del Tribunal Superior de Justicia ha generado controversia al respecto de la inmutabilidad de las sentencias y el respeto a las normativas vigentes. Según se indica, en la sentencia del Tribunal Constitucional no se ha respetado lo dispuesto mientras aún no existía una sentencia firme. Este hecho ha llevado a una falta de análisis y pronunciamiento sobre cuestiones sustanciales en el proceso, lo que ha sido motivo de preocupación para diversas partes involucradas.

Aspectos destacados de la sentencia

  • Violación del derecho a la inmutabilidad de las sentencias.
  • Ausencia de análisis sobre cuestiones sustanciales del debate procesal.
  • Falta de informes preceptivos de órganos autonómicos en el expediente.

En este contexto, se destaca que la sentencia del TSJ ha incurrido en incongruencia omisiva sobre cuestiones sustanciales, lo que ha vulnerado el derecho constitucional a la tutela judicial efectiva. Este fallo ha generado indefensión tanto al Ayuntamiento como a los intereses generales, al verse obligados a reconocer una licencia de forma contraria a la ley, con graves repercusiones para el medio ambiente.

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