El Partido Animalista Con el Medio Ambiente (PACMA) ha elevado su exigencia al Gobierno para que se reforme urgentemente el Código Penal con el fin de aumentar significativamente las penas de prisión por Maltrato Animal, pasando del máximo actual de dos años a un tope de diez años en los casos más graves.
La formación animalista utiliza como argumento el «escalofriante» caso de Antonio Sánchez, conocido como «El Patilla», el cazador investigado por la muerte por inanición y sed de 32 perros de caza, en una finca de Azuaga (Badajoz). Según la investigación del caso, los Animales fueron abandonados a una muerte lenta y agónica durante al menos dos meses.
PACMA denuncia que, bajo la legislación actual, y a pesar de la extrema crueldad del suceso, es muy probable que el responsable no ingrese en prisión, ya que el delito de maltrato animal nunca supera los dos años, aplicándose la suspensión de la pena.
«El caso de ‘El Patilla’, que mató a 32 perros de la forma más cruel que existe, es el ejemplo más repugnante de la impunidad que sigue existiendo en España», declara Javier Luna, presidente de PACMA. «Es inaceptable que alguien pueda cometer una barbaridad así y ‘se vaya de rositas’ porque la ley lo permite. Esto no es Justicia; es una burla a las víctimas y un mensaje claro a los maltratadores: matar animales sale prácticamente gratis.»
El Partido Animalista subraya que penas de prisión reales y disuasorias, como las que exigen —un máximo de hasta diez años—, son la única medida efectiva para evitar que los agresores continúen pensando que no enfrentarán consecuencias graves por sus actos.
«Necesitamos medidas reales. Que quienes matan o torturan a los animales sepan que van a pisar la cárcel y que se les inhabilitará de por vida para tener cualquier animal o trabajar con ellos. Solo endureciendo las penas podremos empezar a proteger realmente a los animales. Quien maltrata a 32 perros hasta su muerte no puede seguir libre«, sentencia Luna.
PACMA reitera su compromiso de impulsar estas reformas de manera prioritaria en el Congreso y presiona al Ministerio de Justicia para que acometa el cambio legislativo que ponga a España al nivel de protección animal de otros países europeos.
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